México. D. F., a 30 de julio de 2012
En México toda experiencia extranjera utilizada como
herramienta de mejora, en este caso de los agentes del orden, la
tropicalizamos y hacemos de un buen ejemplo, una práctica con
muchas oportunidades de mejora. Hoy se trata del denominado
control de confianza que se quiere hacer ver cómo una especie
de certificación o reconocimiento de que los cuerpos de
seguridad mexicanos están mejor que antes. Eso no
necesariamente sucede así. Veamos.
Primero. Los exámenes de control de confianza son un conjunto
de pruebas médicas, psicológicas y de aptitud. En los países
democráticos esos exámenes son realizados con parámetros en
común para buscar más o menos los mismos resultados, por
expertos sujetos a su vez a exámenes periódicos y no
constituyen una herramienta única, sino parte de un todo que
genera la certificación.
Para obtener el reconocimiento de referencia se requiere,
además, de criterios puntuales para resolver conflictos de
interés, incompatibilidades, regulaciones para traslado de
pruebas, garantías de seguridad jurídica para los agentes del
orden y 440 rubros más aproximadamente, que incluyen lo que se
llama la auditoría legal para mejorar el sistema normativo de las
secretarías de seguridad pública y de las procuradurías de
justicia, lo que en México, por cierto no existe, sino de manera
excepcional y con problemas de concepción como fue el caso
de Chihuahua o el mejor trabajo hecho por la Secretaría de
Seguridad Pública de Mexicali, Baja California.
En los demás casos incorrectamente se utiliza el mal aplicado
examen de control de confianza como sinónimo de
certificación aprovechando el desconocimiento poblacional y
la necesidad de seguridad psicológica de los más amplios
sectores de la comunidad.
Segundo. Sostengo que los exámenes de control de confianza
son inadecuados en México por las siguientes razones: a) El
personal que los practica casi en todos los casos carecen del
doctorado en su respectiva área de conocimiento; b) El Personal
que se encarga carece de obra académica arbitrada y publicada
por editoriales de reconocido prestigio; c) El personal encargado
es nombrado y removido libremente por la propia autoridad a la
que rinde cuentas la Secretaría de Seguridad Pública o
Procuraduría General de Justicia en última instancia; en otras
palabras son juez y parte; d) No hay criterios objetivables y
transparentes de qué es lo que se busca con los exámenes y qué
herramientas se utilizan para el efecto; e) El personal que aplica
los exámenes no son objeto a su vez de exámenes de control de
confianza por entidades expertas e independientes.
Esto en su conjunto lo que genera es un círculo vicioso que
aporta nuevos instrumentos para la corrupción y la simulación.
De esta suerte, un agente del orden que no le entre con su
mochada puede reprobar los exámenes y, por el contrario,
agentes del orden con las más altas calificaciones de corrupción
pasa con honores los exámenes de referencia.
Tercero. Hay un principio básico que sostiene que a mayor
importancia social mayor costo económico por actos de
corrupción. Por ejemplo si deseo obtener una cédula profesional
de médico hecha por las propias instituciones médicas y la SEP,
donde aparece en la base de datos de la Dirección General de
Profesiones, tendrá un costo mayor que una cédula profesional
de médico hecha con los mismos materiales físicos, pero sin que
obre en los registros de la SEP.
El examen de control de confianza ha incrementado sus costos
en el mercado de la corrupción incentivado de mala o buena fe
por las autoridades. Se han convertido en un fetiche. Según el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua fetiche
significa ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes
sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos.
Por lo anterior, las certificaciones incluidos los exámenes de
control de confianza deberían hacerse por una institución
independiente que cuente con todos los recursos humanos y
materiales como la UNAM, que podría crear un equipo
interdisciplinar rotativo junto a las principales instituciones
universitarias del país, todos con doctorado, miembros del
Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y obra publicada
en sus áreas de especialidad. Incluso así no se garantizaría la
muerte de la corrupción, pero estoy seguro que sería mucho
menor que ahora.
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