La semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza Extrema (CONEVAL) informó – de manera oficial –que se duplicó la cantidad de hogares con hambre en nuestro país, ya que mientras en el 2008 el 8 por ciento de las casas mexicanas padecía esta carencia, en el 2009 ese porcentaje se incrementó al 17 %.

El mismo CONEVAL dio a conocer que en el 2008 en el 16 por ciento de los hogares mexicanos se tuvo que reducir la cantidad de alimentos que se daba a los menores de 18 años, mientras que un año más tarde esa medida de “austeridad” se debió aplicar en el 25 por ciento de las familias.

Además, también entre 2008 y 2009, la cantidad de casas mexicanas en las que había seguridad alimentaria se redujo del 53 al 43 por ciento (Reforma, 19 de noviembre). Incluso, el CONEVAL precisó que el decremento en el bienestar alimentario de la ciudadanía se generó por la disminución en los ingresos de los mexicanos y el aumento en el precio de la comida.

Aunque este consejo de evaluación de la pobreza trate de exculpar al gobierno federal del incremento en la inseguridad alimentaria, al decir que es consecuencia de la crisis económica, esto es cierto solamente en un porcentaje limitado, debido a que el hecho de que cada vez más mexicanos no tengan lo suficiente para comer implica un fracaso en la política social de la administración calderonista.

Pese a que de manera incesante se promocione en los medios de comunicación al decir que aplica el Seguro Popular, el poder Ejecutivo federal ha sido incapaz de generar empleos bien remunerados y de proteger de la crisis a las clases sociales más vulnerables a la pobreza patrimonial y alimentaria.

Desde hace varios meses, el gobierno federal pregona que la crisis ya pasó y que su política económica alienta la creación de empleos, pero esto no es cierto, porque mucha gente sigue sin trabajar, la mayoría de los negocios se mantienen en números rojos o están a punto de cerrar y el ciudadano común y corriente no tiene dinero en sus bolsillos.

La única manera real de combatir la pobreza es atraer inversiones, apoyar la creación de nuevas industrias, respaldar a los micro y pequeños empresarios, generar empleos, mejorar la infraestructura del país e incrementar la calidad en los servicios de educación y salud, porque los programas asistencialistas no abaten la marginación, sino que solamente son paliativos que permiten a la gente solucionar algunas de sus necesidades momentáneas, pero que no la conducen a mejorar su nivel de vida.

Los programas sociales asistencialistas sirven para que la gente coma, estudie o se cure un día, pero no para que mejore su alimentación, eleve su nivel educativo y aspire a un empleo bien remunerado o supere las enfermedades atraídas o alentadas por la pobreza.

Por ello, es momento de cambiar el modelo económico actual y de aplicar uno que no solamente se preocupe por la estabilidad de las macro-variables, como inflación, balanza de pagos y esos rubros, sino que también aliente la equidad en la distribución de la riqueza y la creación de industrias y empleos.



*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla