El pasado martes, el ciudadano Paul Rodoreda Núñez fue discriminado en el Centro Comercial Angelópolis por empleados del cine, que le negaron la entrada, le dijeron que era un “estorbo” y que, por lo tanto, debían relegarlo en el rincón de una de sus salas, lo que – con toda dignidad y respeto propio – fue rechazado por el afectado.

Es común que quienes supuestamente “administran” dicho centro comercial maltraten a quienes ahí asisten al cobrarles una cantidad exorbitada por el estacionamiento. Por ende, no es de extrañarse que en ese mismo sitio también ocurran actos de discriminación contra las personas con capacidad diferenciada o que por algún accidente se ven en la necesidad de estar en muletas o en silla de ruedas, como lo es el caso de Paul Rodoreda, y que por casualidad resulta ser miembro del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Cinematografía (CANACINE), región Sur-Sureste. Y productor de cintas cinematográficas como Nykté y La Leyenda de la Nahuala,

Este lamentable hecho, que no ha sido atendido por las autoridades gubernamentales de los Derechos Humanos, representa una gran oportunidad para enfatizar que lo sufrido por este ciudadano es un acto de discriminación ocasionado por la gran ignorancia de quienes trabajan en Angelópolis y, en concreto, en ese cine, quienes no supieron cómo debían tratar a Paul.

El incidente ocurrido el martes hizo más que notorio que los empleados de Cinepolis no están preparados para atender eficiente y dignamente a las personas con capacidades diferenciadas o que se ven en la necesidad de asistir a estos centros en silla de ruedas.

Además, quedó claro que en el centro comercial más “NICE” de Puebla no se tienen las instalaciones y el personal necesarios, para atender al 10 por ciento de la población que tiene alguna capacidad diferente.

Desde luego que es condenable que una cadena de cines no capacite a sus empleados, para atender a toda la población y que no cuente lugares destinados a este segmento de la población.

Y también lo es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los diferentes niveles de gobierno no atiendan la denuncia de Paul Rodoreda y tampoco obliguen a los prestadores de servicios a dar un trato digno y eficaz a estas personas así como exigirles que su infraestructura sea capaz de albergar un porcentaje de espacios destinados a la gente que lo requiera por alguna causa.

Incluso, sería recomendable revisar el marco legal vigente en nuestro estado y municipio para evitar y sancionar cualquier tipo de discriminación, no solamente de alguna instancia de gobierno contra los ciudadanos, sino también de los prestadores de servicios hacia un particular.

Solamente así se pueden evitar futuros incidentes en instalaciones públicas y, paulatinamente, se instauraría en toda la sociedad la creación de una cultura de respeto y trato digno e igualitario a las personas con capacidad diferenciada.

*Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla